Reportaje: Habla Omar Vazquez Heredia, de la Oposicion de Izquierda de Venezuela

1.- ¿Qué factores han incidido y permiten comprender las particularidades de la Venezuela actual?

Los tres factores que inciden en la crisis de la llamada Revolución Bolivariana son: una situación de fuerzas que se transformó en regresiva; una erosión de las condiciones materiales que permitieron entre 2003 y 2012 la articulación del proceso de acumulación y, sobre todo, de atesoramiento externo de capital-dinero de las clases dominantes y la experiencia de consumo por importaciones de las clases populares. En menor medida, el fallecimiento de Hugo Chávez en marzo del 2013. La cristalización de una situación de fuerzas regresiva ocurrió en medio de un proceso gradual de canalización y subordinación de los núcleos organizados de las clases populares del país entre los años 2004 y 2011, como consecuencia de un conjunto de medidas estatales y acciones del bloque político chavista, que facilitaron la recuperación de las capacidades del Estado para reproducir las relaciones sociales capitalistas.

Por ejemplo, el incremento de la capacidad de compra del salario y la creación de mejores condiciones de vida para las clases populares del país, a partir del aumento vertical de las importaciones desde 2003 hasta 2012; la canalización del esfuerzo político de los núcleos organizados de las clases populares al territorio residencial, donde constituyeron organizaciones comunitarias  - como los consejos comunales y las comunas - que en la mayoría de la ocasiones solo se encargaron de participar de forma subordinada en la distribución estatal del ingreso petrolero, mediante emprendimientos de economía social (socioproductivos) y políticas gubernamentales para garantizar el acceso a bienes para el hogar  - Mi casa bien equipada - o la satisfacción de necesidades centrales, como alimentación, salud, educación y vivienda (misiones sociales).

La resignificación del socialismo, en tanto bolivariano y del siglo XXI, a partir de la inclusión de contenidos políticos propios del nacionalismo petrolero venezolano, como la asociación con el capital transnacional o la interpelación de las clases dominadas - como pueblo con derechos políticos y sociales - reconocidos por el aparato del Estado. La unificación en el 2007 de la mayor parte de la militancia del bloque político chavista en la disciplina del Partido Socialista Unido de Venezuela; la integración estatal de un segmento de la militancia al convertirlos en milicianos subordinados al mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; la creación en 2011, desde el estado, de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST); la resignificación del control obrero en las empresas estatales como un simple proceso cogestión administrativa...

La imbricación del proceso de acumulación y atesoramiento de capital-dinero de las clases dominantes y la experiencia de consumo de las clases subalternas entre 2003 y 2012, dependió del incremento vertical de las importaciones privadas y estatales de productos terminados e insumos productivos, que fue financiado primero por un crecimiento sostenido del precio del petróleo, y después por un aumento acelerado del endeudamiento estatal y el consumo de las reservas internacionales. En el año 2003, el monto del total de las importaciones de bienes fueron solo 11215 millones de dólares, en cambio en el 2012 llegó hasta 71083 millones de dólares... Un enorme incremento 533,82%.

Sin embargo, en el contexto de la crisis económica mundial de 2008, en el año 2009 hubo una contracción vertical del precio del petróleo, y en esa coyuntura histórica el bloque gubernamental chavista decidió financiar a las importaciones del país y la fuga de capital-dinero de las clases dominantes, ejecutando un aumento acelerado del endeudamiento estatal y promoviendo el consumo de las reservas internacionales. En 2008 las reservas internacionales se encontraban en 43.127 millones de dólares a finales de 2013 solo alcanzaban los 21.428 millones de dólares, por otra parte el endeudamiento estatal sumando la deuda del gobierno y el pasivo de PDVSA en el 2008 eran solo 128.435 millones, pero para finales de 2013 alcanzaba los 253.081 millones de dólares.

También hay que ubicar en este proceso, un crecimiento de la deuda estatal de 124.646 millones de dólares, que representó en términos porcentuales un 97,04%; sin incluir los préstamos asumidos mediante el Fondo Conjunto Chino-Venezolano o el Fondo de Gran Volumen y Largo Plazo con China. Entonces, entre 2013 y 2015, se erosionan totalmente las condiciones materiales particulares del posneoliberalismo extractivista de Venezuela, al encontrarse sujetado el aparato del Estado a los fenómenos mencionados: altos niveles de endeudamiento,  reservas internacionales en declive y un menor precio del petróleo.

La muerte de Hugo Chávez incidió en la crisis, al generar la necesidad de nuevas elecciones presidenciales en el mismo 2013, evento electoral que tuvo un resultado bastante cerrado y alentó a la alianza conservadora a la realización de movilizaciones entre 2013 y 2014. Pero, además, la ausencia de Hugo Chávez provocó cambios al interior de la dirigencia del bloque gubernamental. La condición de militar de carrera de Hugo Chávez le permitió unificar en su persona la condición de líder absoluto del bloque político chavista, tanto de los sectores civiles como de los sectores militares. En cambio, Nicolás Maduro es un civil, antiguo dirigente sindical, circunstancia que permitió que los militares activos chavistas obtuvieran un mayor protagonismo político y económico, que se fue consolidando con el deterioro del apoyo popular al chavismo.  Chávez tenía cualidades personales que se ajustaban a las necesidades de la contienda electoral, por eso su ausencia afectó las capacidades del bloque político chavista para enfrentar a sus opositores.

2.- ¿En función de esta caracterización, cuáles son los rasgos principales del proceso económico, político y social de Venezuela en la actualidad?

Los principales rasgos del proceso económico, político y social, se pueden resumir en la aplicación - desde el 2014 - de un conjunto de medidas que benefician al capital transnacional y local, el surgimiento de una crisis estatal entre finales de 2015 y en el 2017, y una gigantesca depauperación de las condiciones de vida de las clases populares.  Entre 2014 y la actualidad, el bloque gubernamental aplica medidas económicas favorables al capital transnacional y local que dificultan la satisfacción de las necesidades de las clases populares, recortando importaciones de insumos productivos y bienes de consumo final para disponer de divisas. El monto de las importaciones de bienes fue en el año 2012 de 71083 millones de dólares y en el 2017, según estimaciones de la Cepal apenas 12700 millones.

La bonificación de los ingresos salariales de la clase trabajadora; la definición de territorios donde el capital extranjero se puede ubicar en el país con prerrogativas tributarias, aduaneras y administrativas (las zonas económicas especiales); la expansión de la frontera extractivista en ocasión del establecimiento del llamado Arco Minero del Orinoco, con la participación de empresas mineras internacionales como Barrick Gold y Gold Reserve... Todo esto provocó descontento en una parte importante de las clases subalternas y sectores medios. En consecuencia, se erosionaron las capacidades estatales para construir consenso alrededor de las relaciones sociales dominantes y ocurrió una disminución del respaldo popular.

Ahora bien, desde 2014 empezó en muchas ciudades del país una oleada constante de disturbios y saqueos de los centros estatales y privados de distribución de bienes de primera necesidad, que impugnaron de un modo contingente y parcial a las relaciones sociales dominantes, al transgredir la propiedad privada y el intercambio mercantil como lazo social imperante. En esas protestas violentas desplegadas por núcleos de las clases subalternas, el armazón institucional del Estado empleó siempre las capacidades represivas, específicamente a través de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y a la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

De manera paralela, el 6 de diciembre de 2015, la alianza de partidos conservadores aglutinada en la MUD logró una victoria en las elecciones parlamentarias, obteniendo 112 diputados y diputadas de los 167 que conforman a la Asamblea Nacional (AN), la mayoría calificada. Pero, antes de que los partidos opositores pudieran definir de manera unitaria el plazo y el plan para lograr el desplazamiento constitucional del Presidente Nicolás Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) - a través de una medida cautelar - decidió suspender la juramentación de tres parlamentarios opositores, esgrimiendo posibles irregularidades en su elección. La decisión del TSJ eliminó la mayoría calificada de la MUD en la AN, y evitó la posible convocatoria de una reforma constitucional a partir de lo normado en el artículo 343 de la Constitución de 1999, que podría permitir el recorte del período presidencial.

En consecuencia, la MUD decidió juramentar en la AN a los tres diputados suspendidos por la sala electoral del TSJ, generando que el máximo tribunal del país declarara en desacato a la mayoría opositora del parlamento nacional. De ese modo, comenzó la crisis institucional al interior del aparato del Estado, que tuvo entre sus características la suspensión de la totalidad de las competencias de la AN, un cierre de facto del parlamento nacional. La conformación y excepcionalidad de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) fue fundamental para suturar de manera parcial y contingente la crisis institucional del aparato del Estado, la instancia estatal asumió poderes por encima de lo normado en la Constitución Nacional de 1999 y se auto-asignó un período de dos años, al declararse como expresión del poder constituyente del pueblo venezolano.

Además, desde el año 2014 hasta la actualidad (2018), producto de la aplicación gubernamental de un ajuste económico reaccionario con el objeto de priorizar la reproducción dependiente de la economía mundial por el armazón institucional del Estado, han surgido y se agudizaron un conjunto de fenómenos que promueven el ejercicio de la violencia por parte de los aparatos coercitivos del Estado, y en algunos casos cuestionan el monopolio estatal de la violencia y su fundamento en la norma jurídica. En ese sentido, el período indicado se sobreponen un proceso y un suceso histórico que son diferentes - y solo en parte se articulan - como el deterioro de las condiciones de vida de las clases populares y sectores medios, junto con la victoria electoral de la oposición conservadora en 2015.

Ese proceso creó circunstancias concretas que posibilitaron el inicio de protestas sociales violentas de núcleos de las clases subalternas, el establecimientos de focos insurreccionales de segmentos de la oposición conservadora, la proliferación de linchamientos, el aumento de la operatividad de grupos armados paraestatales, el incremento de las acciones discrecionales de funcionarios de los aparatos coercitivos estatales en beneficio propio y la acentuación de la erosión de la soberanía estatal en algunos territorios como las cárceles.

El redimensionamiento regresivo de la propiedad de las empresas mixtas de PDVSA y las transnacionales petroleras, adoptando una mayor participación accionaria del capital petrolero internacional; la legislación de normas jurídicas como la Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva; la oferta estatal de un criptobono denominado Petro para subastar en una especie de contrato de futuro a las reservas petroleras venezolanas - una evidente financiarización de la naturaleza y profundización del extractivismo - la entrega en concesión de hoteles estatales a la cadena Marriot. La promulgación de un decreto denominado “Régimen especial y transitorio para la gestión operativa de la industria petrolera”, que crea las condiciones para el el proceso de privatización general o parcial de PDVSA.

Por otra parte, la crisis estatal es un fenómeno histórico que tiene tres dimensiones analíticas: hegemónica, institucional y del monopolio de la violencia. En la actualidad, el aparato del Estado venezolano perdió sus capacidades para reproducir de manera consensual el orden dominante, crear las condiciones propicias para la acumulación de capital en el espacio de valorización local, mantener la legitimidad de la forma estatal surgida en la denominada Revolución Bolivariana y conservar el monopolio de la violencia legal. 

Entonces, desde 2014 la prioridad que le otorgó el aparato del Estado extractivista a la reproducción dependiente del proceso de acumulación mundial, a través de la contracción vertical de los dólares asignados a las importaciones con el objeto de disponer de las divisas orientadas posteriormente al pago de los vencimientos de la deuda externa estatal, provoca la disolución de un elemento central de la Venezuela chavista: el incremento del consumo de las clases populares a partir del crecimiento vertical de las importaciones de insumos productivos y bienes de consumo final. En ese sentido, ya en 2014 y 2015, la aplicación estatal del ajuste económico creó las condiciones que posibilitaron el surgimiento de altos índices de inflación y escasez. 

En términos sociales, la depauperación de las condiciones de vida de las clases populares es brutal, al sufrir un gigantesco deterioro de su salario real, un recorte del acceso a los servicios públicos, y una contracción del consumo de alimentos, medicinas y bienes de higiene personal. El aumento de la miseria es enorme, y se palpa a partir de precisar que - en un mercado interno con precios dolarizados - el salario mínimo no supera los dos dólares mensuales al tipo de cambio real. La situación de la mujer es trágica, porque a la crisis económica se le adjunta su constitución simbólica como mujer-madre encargada del trabajo de cuidado y la penalización del aborto. La mujer padece mortalidad materna, el embarazo no deseado, la prostitución formal o informal impulsada por la precariedad, la sobreexplotación de su fuerza de trabajo, entre otros.

Esa situación explosiva, es contenida de manera parcial por el gobierno chavista a través de la represión de las luchas y las movilizaciones efectuadas por núcleos de las clases subalternas, y también empleando un conjunto de políticas estatales: la creación de una matriz comunicacional alrededor de la existencia de una supuesta “guerra económica” (2014); la constitución de instituciones para fiscalizar los precios como la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (2014); la repartición de asignaciones económicas eventuales y discrecionales a los registrados en el llamado carnet de la patria (2017); y la distribución esporádica, focalizada y racionada de alimentos importados en las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) (2016).

3.- ¿Cuál es la posición de las organizaciones revolucionarias, populares y progresistas ante la realidad venezolana?

Las organizaciones del chavismo regional, ante los discursos y las injerencias de los EEUU, se convierten de manera automática en defensores del gobierno, demostrando su solidaridad oficialista, sin ningún análisis de clase. Por ello, no reconocen ni les importa que el gobierno se encuentre subordinado a las necesidades del capital transnacional y local, y que aplique políticas que destruyen las condiciones de vida de las trabajadoras y los trabajadores. Nosotros, al contrario, aplaudimos el posicionamiento de instancias políticas como el Frente Anticapitalista y por el Socialismo de Argentina, que en las discusiones y conclusiones de su Conferencia Internacional, reafirmó su solidaridad con el pueblo trabajador de Venezuela, sin desestimar su cuestionamiento a las injerencias de EEUU, que solo buscan presionar al gobierno para que ejecute un ajuste ortodoxo.

Esa es la posición acertada, identificando las disputas interburguesas en las que se encuentra inmerso el bloque gubernamental chavista, pero sin perder la independencia de clase, colocando como eje de la lucha la contradicción capital-trabajo. En ese sentido, es importante blindar de solidaridad clasista a las organizaciones y militantes que integran a la oposición de izquierda al gobierno burgués de Nicolás Maduro. Un sector político que en condiciones estatales caracterizadas por la restricción de las libertades democráticas, sigue impulsando un proceso de movilización popular que permita derrocar a Nicolás Maduro, y de ese modo debilitar la gobernabilidad burguesa, creando una situación de fuerzas más progresiva, con el pueblo trabajador en la calle, con una victoria política conquistada en sus luchas clasistas.

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