Las elecciones regionales. La abstención inducida y la identidad chavista

Por: Omar Vázquez Heredia

El resultado de las elecciones regionales es increíble por los tres años de inflación de tres dígitos, la profunda escasez, el deterioro de los servicios públicos y del sistema de salud, la ausencia de billetes y el rechazo popular al gobierno de Maduro (popularidad del 20%), pero hasta ahora parece real, después de un día la llamada Mesa de la Unidad Democrática (testigos, técnicos y rector del CNE) es incapaz de demostrar con las actas en la mano el supuesto "fraude" del chavismo. Incluso ya Henri Falcón reconoció la derrota electoral, otros como Henry Ramos Allup y Henrique Capriles se mantiene en silencio sin plantear la tesis del fraude y en el estado Bolívar Andrés Velásquez exige que el gobierno asuma su victoria, conseguida con el mismo Consejo Nacional Electoral (CNE).

El gobierno nacional buscaba ganar por la ausencia de los candidatos y electores de la derecha tradicional, pero hubo una participación del 62%. ¿Votó toda la base electoral del chavismo (sin incluir los caraqueños) y la abstención fue solo opositora (MUD, Resistencia y Ni Ni)? Puede ser, habría que analizar el impacto de la migración masiva (en su inmensa mayoría de opositores), el llamado a la abstención de sectores importantes de la derecha tradicional, la desmoralización por la derrota de los focos insurreccionales (La Resistencia), el rechazo a los intentos de negociación de la MUD con los jerarcas del gobierno, la efectividad de las acciones gubernamentales ilegales para desalentar el voto opositor (la migración de miles de votantes de sus centros electorales 48 horas antes de las elecciones) y la inhabilitación de candidatos opositores mejor posicionados (Henrique Capriles en Miranda) y los terribles candidatos de la MUD (Ismael García, Guillermo Call, Bernabé Gutiérrez, José Gregorio Montilla, entre otros).

¿El CNE puede realizar un fraude incomprobable? No creo, si fuera así el chavismo no habría perdido ni el referéndum del 2007, ni las elecciones parlamentarias del 2015, tampoco habría tenido que inventarse la ANC, postergar de modo ilegal las elecciones regionales un año y desalentar con irregularidades el voto opositor. Además, en caso de la posibilidad de un supuesto fraude incomprobable, por qué un gobierno de militares y civiles que piensan como militares pudiendo hacer fraude electoral no se garantiza el control territorial de las gobernaciones ubicadas en las fronteras y en todas las zonas petroleras como: Anzoátegui, Bolívar, Nueva Esparta, Táchira y Zulia.

Hay que diferenciar por un lado el supuesto fraude electoral, que hasta ahora no fue probado, y en el otro lado los reales y visibles vicios legales y abierto ventajismo gubernamental. ¿Será que en realidad los focos insurreccionales de sectores de la derecha tradicional y las sanciones financieras de Trump provocaron una renovación de la identidad chavista? Puede ser, el miedo a la violencia opositora es real y las repudiables sanciones financieras de Trump pudieron revitalizar de manera coyuntural las capacidades encubridoras de la retórica estatal sobre una supuesta "guerra económica". El Carnet de la Patria y los Clap pudieron consolidar la red asistencialista del chavismo, su maquinaria electoral en la actualidad.

La ANC prometió paz y derrotar la "guerra económica", y a través de la previa represión estatal y la desmovilización logró la paz, entendida como ausencia de violencia política en gran escala, eso pudo provocar un cambio positivo de ánimo en las bases chavistas, pero jamás va poder derrotar algo que no existe: "la guerra económica". El deterioro de la situación económica del país se va seguir acentuando, el gobierno continúa reduciendo importaciones reales para cancelar vencimientos de la deuda externa, y a su vez mantiene un sistema de cambio dual y un tipo de cambio preferencial que facilita la apropiación burocrática y privada de las divisas escasas. En pocas palabras, sigue aplicando un ajuste económico reaccionario, por eso la estabilidad estatal y gubernamental alcanzada con el último resultado electoral es totalmente endeble, coyuntural y parcial.

El gobierno de Maduro y las leyes constituyentes. La continuidad del ajuste económico reaccionario
Por Omar Vázquez Heredia

Desde hace varios días, se esperaba con ansiedad las medidas económicas del Presidente Maduro, algunos pensamos que en la presente coyuntura era posible que el bloque gubernamental chavista estuviera obligado a la unificación del tipo de cambio y a la realización de una renegociación de la deuda externa. No obstante, por ahora no fue así y parece que no lo será, a pesar de dos circunstancias centrales para la economía venezolana: las sanciones financieras del gobierno de EEUU, que le dificultan al aparato estatal venezolano emitir en el exterior nuevos bonos de la deuda, con la finalidad de obtener el financiamiento necesario para cancelar los vencimientos de los antiguos endeudamientos externos del Estado; y, el fracaso parcial, del acuerdo entre los miembros de la Opep y Rusia establecido en el últimos meses del año 2016, con el objetivo de recortar la extracción de petróleo, buscando un incremento vertical del precio del petróleo, que en la actualidad es imposible porque en EEUU sigue creciendo la extracción de petróleo mediante el uso de la fractura hidráulica[i].

En realidad, el gobierno de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello hace lo mismo que en noviembre de 2014, decreta aumentos nominales a las pensiones, salarios mínimos y crea un bono escolar, que en términos reales será tragado por la inflación, en el marco de un contexto económico condicionado por el armazón institucional del Estado, a través de la contracción de la oferta de mercancías y el incremento de la emisión monetaria por encima de las necesidades de circulación. Como hemos dicho antes, el recorte de la oferta de mercancías es producto en lo fundamental de la aplicación por parte del bloque gubernamental chavista de un ajuste económico reaccionario, que supone la reducción vertical de las importaciones con la intención de disponer de las divisas requeridas para el pago de los vencimientos de la deuda externa. En el año 2012 el aparato estatal asignó 71083 millones de dólares para importar bienes de consumo productivo y final[ii], en el 2016 asignó solo 17177 millones de dólares[iii], una contracción brutal que posibilitó los altos niveles de escasez e inflación que se padecen en el país. En cambio, entre el 2014 y 2016, el Estado canceló 62475 millones de dólares en deuda externa (sin incluir el 2017), sumando 44071 millones de dólares en pasivos de PDVSA[iv] y 18404 millones de dólares en vencimientos de los bonos del gobierno central[v] .

Además, al igual que en noviembre del 2014, intentando y en muchas oportunidades logrando engañar a sus bases que creen de manera errónea que el aparato del Estado puede definir de manera unilateral el precio de las mercancías y la cotización del dólar, promueve en la actualidad leyes que supuestamente ayudarán al control estatal de la inflación y la depreciación del tipo de cambio, a través del incremento de las fiscalizaciones gubernamentales, entre ellas: la Ley de Abastecimiento Soberano y Precios Acordados y la Ley de Casas de Cambio. Recordemos que en el año 2014 fue constituida la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) y el 18 de noviembre de 2014 fue publicada en la Gaceta Extraordinaria 6.156 el Decreto de Ley de Reforma Parcial del Decreto de Ley Orgánica de Precios Justos. En ese sentido, debemos cuestionar la supuesta capacidad del aparato del Estado para decretar de manera unilateral el precio de las mercancías y la cotización del dólar, sin importar ningún factor económico como la oferta y demanda de las mercancías, el tamaño de la producción nacional y el nivel de la productividad del trabajo, la cantidad de las importaciones, el precio del petróleo y el tamaño de las reservas internacionales.

Desafortunadamente, las bases chavistas creen que los controles de precios y cambio antes funcionaban porque había mejores y mayores niveles de fiscalización estatal producto del liderazgo de Hugo Chávez, pero en realidad la brecha entre precios oficiales de las mercancías y de la cotización oficial del dólar era mucho menor que en la actualidad, porque el Estado manejó una mayor cantidad de divisas, por lo tanto financió un alto nivel de importaciones, los cupos para turismo internacional y compra online, y vendía bonos de la deuda en bolívares que ahora se cancelan en dólares. Por eso, trasladando de modo mecánico dos contextos económicos diferentes, las bases chavistas siguen creyendo que la inflación y la escasez se solucionan con más y mejores fiscalizaciones del aparato del Estado.

Al final, avanzan con el verdadero objetivo de las llamadas leyes constituyentes: la Ley para la Promoción y Protección a la Inversión Extranjera, que tiene como finalidad crear mejores condiciones jurídicas para la entrega de los llamados recursos naturales y de las propiedades estatales al capital transnacional con el objeto de captar divisas para seguir financiando el pago de la deuda externa. Recordemos la promulgación el 18 de noviembre de 2014 en las Gacetas Extraordinarias 6.151 y 6.152, respectivamente de los Decretos de Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria y de Ley de Inversiones Extranjeras. Dos normas jurídicas que permitieron la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Minero Nacional Arco Minero del Orinoco y las Zonas Económicas Especiales de Paraguaná y Ureña.

¿Esas medidas qué dejan intacto hasta ahora? El dólar preferencial en 10 bolívares, a través del cual atesoran millones de dólares los altos jerarcas militares y civiles del chavismo. Un dólar preferencial en 10 bolívares que impide incluso desde una perspectiva burguesa la renegociación y reestructuración con mejores tasas de interés de la deuda externa, porque ningún inversionista dejará de cobrar sus bonos en la actualidad para cancelarlos después, cuando sigue abierto uno de los principales motivos del endeudamiento externo venezolano: el déficit operativo de Pdvsa, la brecha entre egresos medidos en tipo de cambio paralelo e ingresos medidos en tipo de cambio oficial. En pocas palabras, dejan intacto el proceso de acumulación originaria de la nueva fracción emergente de la burguesía, por eso es evidente el carácter cleptocrático de los altos jerarcas civiles y militares del gobierno chavista.

Ya ni siquiera es medianamente creíble la vieja excusa que se empleaba para legitimar la continuidad del dólar preferencial en 10 bolívares, que se utilizaba para importar los alimentos y medicinas que necesitaba el pueblo trabajador y su eliminación provocaría un espiral inflacionario, el espantoso nivel de escasez e inflación demuestra la falsedad de la mentira aludida. Pero, además, en la actualidad el bloque gubernamental chavista distribuye de manera racionada y esporádica la caja o bolsa del Clap, cobrando 10000 bolívares a los beneficiados, un monto que al calcularlo con respecto al dólar preferencial implica que 10 productos alimenticios de muy mala calidad e importados al mayor, tienen un supuesto costo de 1000 dólares. Es evidente, que la corrupción como mecanismo de acumulación originaria de la alta burocracia chavista es vergonzosa y brutal. 

¿Qué ocurrió después de esas medidas y decretos-ley de 2014? Altos niveles de inflación, escasez, la entrega descarada al capital transnacional del denominado Arco Minero del Orinoco con la presencia de transnacionales mineras como Gold Reserve y la renegociación con transnacionales petroleras como Rosneft (Rusia), Chevron (EEUU) y CNPC (China) de los paquetes accionarios de varias empresas mixtas con reducción de las acciones controladas por PDVSA. ¿Qué va pasar ahora? Lo mismo, mientras tanto los "realistas" y "pragmáticos" defienden con un grosero oportunismo el pago de la deuda externa con el hambre y la muerte de las clases populares de Venezuela, al contrario los revolucionarios venezolanos debemos exigir la suspensión inmediata del pago de la externa, la unificación del tipo de cambio y el restablecimiento de los niveles de importación necesarios para el impulso de un plan de producción nacional con control obrero y popular. Los "realistas" y "pragmáticos" que defienden los intereses del capital transnacional y de las dos fracciones burguesas (tradicional y emergente) nos dicen como Margaret Thatcher que "no hay alternativa", pero nosotros debemos estar claros que en los actuales momentos la única alternativa es crear conciencia en las clases populares de sus verdaderos intereses.

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